El gobierno federal presentó una iniciativa de Ley de Aguas que representa un cambio de paradigma en la gestión hídrica del país. La propuesta busca revertir la visión implementada en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, transformando la concepción del agua de mercancía a derecho humano y bien estratégico nacional.
Entre los cambios más significativos destaca la prohibición de la compra-venta de concesiones entre privados. Bajo la nueva legislación, cuando un terreno con concesión de agua se venda, el nuevo propietario deberá solicitar una nueva concesión ante la Comisión Nacional del Agua. Además, se elimina la posibilidad de cambiar el uso de las concesiones sin realizar un nuevo trámite ante la autoridad.
La iniciativa fortalece el control estatal mediante la creación de un Registro Nacional del Agua que garantizará mayor transparencia y trazabilidad en la gestión hídrica. Las sanciones por robo de agua se incrementarán significativamente, contemplando penas de hasta 10 años de prisión para quienes cometan este delito.
La ley también reconoce y regula los sistemas de agua gestionados por comunidades, otorgando marco legal a estas formas tradicionales de administración hídrica. Esta medida busca proteger los derechos de las comunidades sobre sus recursos hídricos y garantizar su participación en la gestión del agua.
