La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La propuesta establece penas de seis a quince años de prisión y multas económicas para quienes cometan este delito, además de contemplar agravantes específicos como el “cobro de piso” y la participación de servidores públicos.
La iniciativa busca armonizar seis ordenamientos legales, incluyendo el Código Penal Federal y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Uno de los aspectos más relevantes es que propone que todas las entidades federativas persigan este delito de oficio, sin depender de la presentación de una denuncia formal por parte de las víctimas, lo que facilitaría la investigación y sanción de estos casos.
Para los servidores públicos involucrados en extorsión, la iniciativa establece penas adicionales como la destitución inmediata y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un plazo igual al de la condena de prisión impuesta. Además, crea un régimen estricto de ejecución penal que limita el acceso a beneficios preliberacionales, excepto en casos de colaboración eficaz con la justicia.
La propuesta también eleva a categoría de ley la estrategia del número 089 para denuncias anónimas de extorsión, protege la identidad de víctimas y testigos, y establece medidas de protección que incluyen vigilancia, custodia, alojamiento temporal e incluso cambio de domicilio cuando existan amenazas graves de represalias.
