La polémica actual más fuerte entre México y Texas gira en torno a la apropiación unilateral por parte del estado de Texas de nueve islas ubicadas en el Río Bravo, una acción que el gobierno de México ha rechazado tajantemente bajo el argumento de que un gobierno estatal no tiene facultades para modificar los límites fronterizos internacionales. El diferendo se desató el pasado 26 de octubre, cuando Dawn Buckingham, comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, declaró que estas porciones de tierra, que suman unas 26.7 hectáreas, son propiedad del estado.
El gobierno texano justificó su reclamo afirmando que estas islas son “tierra de nadie” y que están siendo utilizadas por cárteles de la droga para actividades ilícitas y migración ilegal, por lo que su objetivo es desplegar fuerzas de seguridad estatales para “despejar” la zona. Esta medida se suma a otras acciones impulsadas por Texas en la frontera, como las intervenciones en la Isla Fronton, la colocación de boyas y cercas, y las fricciones en torno al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó la medida y señaló que la frontera internacional no puede ser alterada por decisiones estatales. La dependencia recordó que el Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos establece que el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río, lo que determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras.
La SRE subrayó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la única instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla, por lo que ninguna autoridad estatal tiene esa atribución. Además, advirtió que conforme al acuerdo bilateral ningún país puede construir obras que puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río. México reiteró su compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común y con el diálogo bilateral, al tiempo que aseguró que mantendrá vigilancia para prevenir incursiones no autorizadas y dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona.
