El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo este jueves 5 de noviembre de 2026, en medio de un masivo escándalo político y financiero provocado por la quiebra y el colapso de Ueno Bank, una entidad bancaria digital estrechamente vinculada al mandatario. La presión social en las calles y la inminencia de un juicio político en el Congreso precipitaron su caída tras poco más de tres años en el poder, en una crisis que afectó directamente los ahorros de millones de ciudadanos.
La crisis estalló apenas 48 horas antes de la renuncia, cuando el Banco Central de Paraguay intervino y ordenó la disolución de Ueno Bank debido a graves problemas de solvencia. El cierre bancario provocó un corralito que congeló de inmediato las cuentas de casi 3 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes. Además, el banco administraba cerca de 850 millones de dólares en fondos del Estado, de los cuales unos 380 millones pertenecían al Instituto de Previsión Social, afectando directamente el fondo de pensiones y salud de los trabajadores.
Santiago Peña, economista de profesión, quedó en el ojo del huracán por sus nexos financieros directos con la entidad. La fiscalía ordenó la detención de ocho altos ejecutivos bancarios, entre ellos Federico Miguel Vázquez, CEO del banco y socio comercial de Peña hasta hace poco tiempo. La oposición denunció un grave conflicto de intereses, acusando al gobierno de haber inyectado millonarias sumas de dinero público de manera irregular en un banco que operaba sin la solvencia requerida.
El pánico financiero se trasladó de inmediato a las calles con protestas masivas en Asunción, donde miles de ciudadanos estafados marcharon exigiendo la devolución de sus ahorros con la consigna “Devuelvan nuestra plata”, en movilizaciones que derivaron en fuertes enfrentamientos con la policía. Mientras la Cámara de Diputados debatía la destitución, incluso los parlamentarios de su propio partido oficialista le retiraron el respaldo. Ante el inminente juicio político, Peña publicó un video para anunciar su dimisión, argumentando que lo hacía para garantizar la “estabilidad del país” y ofreciendo disculpas, aunque evitó asumir la responsabilidad penal. El vicepresidente Pedro Alliana asumirá la jefatura del Estado hasta el 15 de agosto de 2028, mientras el Congreso definirá si acepta la renuncia o prosigue con la destitución.
