La Presidenta de México anunció una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General contra la Extorsión. Esta medida busca atender de manera integral un delito que afecta a miles de personas y que, en muchas ocasiones, no es denunciado por temor o desconfianza en las instituciones.
La propuesta plantea modificar el artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de que la extorsión pueda ser perseguida de oficio, es decir, que no sea necesaria una denuncia directa de la víctima para iniciar la investigación. Bajo este enfoque, el Estado se asumiría como víctima y estaría obligado a intervenir ante cualquier caso que se detecte.
Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, desde el pasado 6 de julio se habilitó la línea 089 para denuncias anónimas, y se han comenzado a desplegar unidades especializadas para investigar este tipo de delitos. La estrategia contempla cinco ejes que incluyen la cancelación inmediata de números telefónicos usados en extorsiones, apertura de carpetas de investigación y seguimiento por parte de células de inteligencia.
La reforma también establece que los congresos estatales deberán adecuar sus legislaciones locales conforme a la nueva norma general. Con ello se busca un marco legal uniforme en todo el país para hacer frente a un delito que impacta en la seguridad, la economía y el bienestar de las comunidades.
