La Cámara de Diputados emitió el proyecto de declaratoria de aprobación de la reforma a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política, tras recibir el voto aprobatorio de 19 legislaturas estatales y de la Ciudad de México. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, dio a conocer el cómputo y el proyecto que ahora se remite al Senado para sus efectos constitucionales.
Las entidades que respaldaron la reforma fueron Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. Con este respaldo, se declaran reformados y adicionados los tres artículos constitucionales.
La modificación al artículo 115 establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, conforme a los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva. Por su parte, el artículo 116 señala que los presupuestos anuales de las legislaturas locales no podrán exceder del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad, y se garantizarán los principios de paridad e igualdad sustantiva en la integración de los órganos legislativos.
El artículo 134 adicionado establece que las remuneraciones de consejeras y consejeros electorales, magistraturas electorales y titulares de órganos administrativos del INE, organismos públicos locales electorales y tribunales electorales no podrán exceder los límites del artículo 127 constitucional, que prohíbe prestaciones no previstas por la ley, como seguros médicos privados, pensiones especiales o cajas de ahorro extraordinarias. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán hasta el 30 de mayo de 2026 para armonizar sus marcos jurídicos.
El régimen transitorio también contempla una reducción progresiva del presupuesto del Senado en un 15 por ciento real en cuatro años, a partir del ejercicio fiscal 2026, sin afectar derechos laborales. Los recursos excedentes derivados de los ajustes en legislaturas locales y ayuntamientos deberán destinarse a obras de infraestructura pública. Los congresos locales no podrán autorizarse incrementos presupuestarios reales más allá de la inflación anual, bajo mecanismos estrictos de disciplina presupuestaria.
