El Congreso del Estado de Zacatecas aprobó por unanimidad la Ley en materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, un nuevo cuerpo normativo que consta de once títulos y que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, la Ley Orgánica del Municipio, la Ley de Declaración Especial de Ausencia, la Ley de Salud, la Ley de Educación, el Código Territorial y Urbano, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La nueva ley tiene como objeto establecer formas de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, en la investigación y esclarecimiento de los hechos y en el combate a los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. También contempla la creación de los lineamientos mínimos para el funcionamiento de la Comisión Local de Búsqueda y garantiza la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su paradero.
El dictamen establece además la participación de los familiares de las víctimas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación, así como el derecho a la identidad de las personas fallecidas no identificadas, mediante procedimientos técnicos, científicos y tecnológicos que permitan su plena identificación, resguardo y entrega digna a sus familiares. Durante la discusión, las y los legisladores Oscar Rafael Novella Macías, Isadora Santivañez Ríos y Santos Antonio González Huerta participaron a favor del dictamen.
En la misma sesión, se aprobaron por unanimidad las Cuentas Públicas de los municipios de Tepetongo y Huanusco correspondientes al ejercicio fiscal 2024, y se emitió la convocatoria para el Parlamento de las Juventudes 2026 “Las Juventudes Proponen, Zacatecas Evoluciona”, que se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre con paridad de género. También se presentó una iniciativa para incorporar la certificación en competencias laborales como requisito obligatorio para cargos directivos en el ámbito estatal y municipal.
