La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con la unanimidad de 419 votos a favor, el dictamen que modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de adicionar el Capítulo II Bis “Del Reclutamiento Forzado de Personas”. La reforma impone penas de diez a veinte años de prisión y de cinco mil a cincuenta mil días multa a quien, por cualquier medio, invite, induzca, incorpore o reclute a una o más personas para formar parte de un grupo delictivo o de la delincuencia organizada.
El dictamen considera reclutamiento forzado cuando la conducta se cometa mediante intimidación, amenaza, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, y en ese caso se impondrá pena de quince a veinticinco años de prisión y de diez mil a ochenta mil días multa. Además, todo reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se entenderá y sancionará como reclutamiento forzado, y se atenderá y salvaguardará el interés superior de la niñez, garantizando la protección más amplia y la restitución de sus derechos.
Las penas se incrementarán hasta en una mitad cuando el sujeto activo labore o haya laborado en una empresa de seguridad privada con acceso a información confidencial, cuando se ostente como persona servidora pública, cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, cuando se halle en situación de movilidad humana, cuando se provoquen lesiones o se utilicen actos de tortura o violencia sexual, o cuando la conducta se realice sobre personas con formación o conocimientos especializados. Si el responsable es servidor público, también se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público.
El dictamen, enviado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, establece que las penas podrán reducirse hasta en una tercera parte cuando los autores proporcionen información relevante que permita esclarecer los hechos o identificar a otros responsables, siempre que no sean reincidentes y se garantice la reparación integral del daño. En el régimen transitorio se precisa que los procedimientos penales iniciados con anterioridad seguirán tramitándose conforme a las disposiciones vigentes, salvo que la nueva ley resulte más benéfica, y se otorga un plazo de 180 días naturales a las legislaturas estatales para armonizar sus marcos legales.
