El laberinto de la impunidad: 9 de cada 10 delitos en México quedan en la oscuridad
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 revela una realidad estructural que paraliza al sistema de justicia mexicano: de los 33.8 millones de delitos ocurridos en 2025, el 93.4% no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación. Esta cifra oculta, lejos de ser un simple dato administrativo, representa un profundo fracaso del Estado para garantizar el acceso a la justicia y proteger a la ciudadanía.
El dato es contundente: solo el 9.0% de los delitos cometidos en el país fueron denunciados formalmente, y únicamente en el 6.6% de los casos se inició una carpeta de investigación. El resultado final es aún más desalentador: apenas el 1.1% de los 33.8 millones de delitos ocurridos tuvo una resolución favorable en el Ministerio Público. La brecha entre la denuncia y la resolución efectiva desincentiva la confianza ciudadana. Según la propia encuesta, el 60.8% de las razones para no denunciar son atribuibles a la autoridad, destacando la “pérdida de tiempo” (34.4% en mujeres, 37.2% en hombres) y la “desconfianza en la autoridad”. Sociológicamente, esto configura un círculo vicioso: la impunidad percibida desalienta la denuncia, y la falta de denuncias impide que el sistema judicial procese y sancione, reforzando la percepción de que delinquir no tiene consecuencias. La cifra oculta del 93.4% no es solo un número; es un indicador de un contrato social roto, donde la ciudadanía ha normalizado la violencia y el despojo como parte de la vida cotidiana.
La estrategia de seguridad no puede centrarse únicamente en la contención policial si no se transforma la fiscalía y el sistema de justicia. Sin una reforma profunda que garantice investigaciones efectivas y castigos proporcionales, el 1.1% de resolución favorable seguirá siendo la excepción que confirma la regla de la impunidad. El Estado tiene la obligación de revertir esta ecuación, devolviendo la certeza a las víctimas de que su denuncia tiene un valor real y su caso no se perderá en el limbo burocrático.
