La Ruta Wixárika, un conjunto de 20 sitios sagrados que atraviesan territorios de Zacatecas, Nayarit, Durango, Jalisco y San Luis Potosí, fue presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, como parte del proceso para consolidar su protección internacional. La exposición ocurrió durante el 63 periodo ordinario de sesiones del organismo, que se celebra hasta la primera semana de octubre, y marcó la primera participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en este foro intergubernamental.
El director de Patrimonio Mundial del INAH, Francisco Vidargas Acosta, detalló ante el pleno que la inscripción de esta red de senderos ancestrales en la lista de la Unesco en 2025 representó un acto de justicia para las comunidades wixaritari, luego de años de lucha por proteger los espacios donde, según su cosmovisión, moran sus deidades y las esencias de la vida. El expediente técnico de la candidatura tardó cerca de tres décadas en ser consensuado y aceptado por el pueblo originario, que cada año recorre más de 500 kilómetros entre paisajes costeros y semidesérticos.
Para Zacatecas, la ruta tiene una relevancia particular, ya que parte de su trazo cruza el territorio estatal y forma parte del corredor que conecta el centro-norte del país con Wirikuta, en San Luis Potosí. Entre los factores que amenazan la peregrinación se encuentran la expansión urbana, el turismo inadecuado, el consumo irrespetuoso del peyote, la limitación de acceso en propiedades privadas y, principalmente, las actividades extractivas como la minería, problemática que ha generado tensiones en diversas regiones de Zacatecas.
El acompañamiento del INAH a las comunidades wixaritari comenzó en 2003 y culminó en 2023 con la entrega del documento final al Centro del Patrimonio Mundial. Como parte del respaldo legal, en 2024 se firmó un decreto que reformó el artículo 2° constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, y actualmente se formula una nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos para garantizar su reconocimiento como sujetos de derecho público y la protección de su patrimonio cultural colectivo, material e inmaterial.
